Sheinbaum propone reforma a la Ley de Aguas para regular concesiones y sancionar malas prácticas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Poder Legislativo dos iniciativas de reforma para modificar el artículo 4 de la Constitución y la Ley General de Aguas, con el objetivo de “poner orden” en la gestión de las concesiones de agua y endurecer las sanciones para quienes incurran en prácticas irregulares. La medida busca reforzar el control estatal sobre este recurso y frenar su transmisión entre particulares.

“Es poner orden y dejar de ver al agua como una mercancía, cuando es un recurso escaso en la mayoría del país, y que sea realmente el Estado quien rija las concesiones”, explicó la presidenta durante una conferencia de prensa.

Sheinbaum recordó que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se realizaron modificaciones a la Ley de Aguas que permitieron que los derechos sobre el agua pudieran transmitirse entre privados. Esto, indicó, derivó en casos donde personas con concesiones no pagaban nada por el aprovechamiento del recurso y, aun así, podían venderlas a terceros.

“En el periodo de Salinas, se cambia la Ley de Aguas para que se puedan transmitir los derechos entre privados. Hay casos de quien tiene una concesión de agua para riego, que no le paga nada al Estado, no la usó y la vende a otro”, señaló.

Endurecimiento de sanciones y extinción de dominio

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), precisó que las iniciativas fueron elaboradas tras 13 foros de consulta en los que participaron diversos sectores. Estas reformas buscan fortalecer la autoridad del agua y regular el esquema de transmisiones de concesiones, de modo que la autoridad sea la encargada de supervisar cualquier cambio, eliminando los tratos directos entre particulares.

Asimismo, las reformas pretenden poner fin al llamado “mercado negro” del agua, particularmente en regiones donde se detecta sobreconcesión. En materia de sanciones, se contempla el endurecimiento de penas y, en casos graves o reincidentes, la aplicación de extinción de dominio sobre las concesiones irregulares.

Con estas medidas, el gobierno federal busca garantizar que el manejo del agua sea transparente, sostenible y sujeto a control estatal, protegiendo un recurso vital frente a la especulación privada y asegurando su acceso para la población.