Después de casi 13 años privado de su libertad en el penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, Tomás Gabriel Crisanto finalmente salió libre tras demostrarse que fue condenado injustamente por un homicidio que no cometió.

Su caso evidenció graves irregularidades en el proceso judicial. De acuerdo con la revisión realizada por el Poder Judicial del Estado de México, cuando fue sentenciado no contó con un intérprete ni con una defensa adecuada que hablara su lengua y comprendiera su contexto cultural. En otras palabras, Tomás fue juzgado sin entender plenamente el proceso en su contra, lo que representó una violación a sus derechos fundamentales y al debido proceso.
Durante más de una década, su voz no fue escuchada por una barrera que en pleno siglo XXI resulta inadmisible: el idioma. La falta de acceso a una defensa adecuada derivó en una condena que hoy se reconoce como injusta.
El tiempo en prisión no solo significó la pérdida de su libertad, sino también de momentos irreparables. En 2020, mientras permanecía encarcelado, su hija falleció a causa de una enfermedad incurable. Tomás no pudo acompañarla ni despedirse, una herida que, según ha expresado, difícilmente podrá sanar.
“Me duele porque no pude estar ni un rato con ella”, ha señalado tras recuperar su libertad.
Hoy, de regreso con su esposa y su familia, Tomás Gabriel enfrenta el reto de reconstruir su vida después de más de una década tras las rejas. Su caso reabre el debate sobre el acceso a la justicia para personas indígenas y hablantes de lenguas originarias, así como la necesidad de garantizar intérpretes y defensas adecuadas en todos los procesos penales.
La pregunta permanece: ¿quién le devuelve los años que perdió?
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