La Comisión de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa que prohíbe a personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.

La propuesta, impulsada por la diputada Leonor Mejía Barraza y respaldada por la diputada Perla Flores Suárez y el diputado Edgar Inzunza Ballesteros, establece como requisito indispensable no contar con adeudos alimentarios para ejercer funciones públicas.
La reforma será aplicable a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los municipios, organismos paraestatales y paramunicipales del estado, reforzando el principio de responsabilidad y congruencia en el servicio público.
De acuerdo con la legisladora, la iniciativa coloca en el centro la protección y el interés superior de niñas, niños y adolescentes, al exigir que quienes aspiren a representar a la ciudadanía cumplan primero con sus obligaciones familiares. Asimismo, destacó que la medida busca fortalecer la cultura de la legalidad y la responsabilidad en Querétaro.
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