Diputados de la 4T se Oponen a la Renovación del Fiscal Anticorrupción en Querétaro
Santiago de Querétaro, Qro., 12 de junio de 2026. En un contundente pronunciamiento, el coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura, el diputado Arturo Maximiliano García Pérez, expresó las razones técnicas y de fondo por las cuales su bancada no respaldará el proceso de renovación del Fiscal Anticorrupción del Estado de Querétaro. El legislador subrayó que esta decisión no responde a caprichos ni a venganzas, sino al compromiso de cumplir con su función como legisladores y atender las demandas de la sociedad.
El diputado García Pérez estuvo acompañado por varios integrantes de su grupo legislativo, quienes manifestaron su preocupación por el proceso actual de nombramiento del Fiscal Anticorrupción. En su intervención, enfatizó que hasta 2024, la ley permitía que la elección del fiscal se realizara mediante una votación de dos tercios en la Legislatura, garantizando así un consenso amplio y legitimidad en la designación. Sin embargo, la reforma aprobada en agosto de 2024 modificó esta dinámica, limitando el proceso a una terna propuesta directamente por el Ejecutivo estatal.
“La reforma ha cerrado el proceso a una propuesta que depende de la voluntad del Ejecutivo, lo que puede resultar en una designación unilateral, sin la participación necesaria de los diversos actores políticos”, explicó el legislador. Esta situación, según él, podría llevar a que el Fiscal Anticorrupción sea un mero instrumento del gobierno, debilitando su autonomía y capacidad de acción.
El Grupo Legislativo de Morena ha planteado la necesidad de regresar a un esquema de designación que garantice la institucionalidad y la autonomía del fiscal. “No estamos en contra de las personas que integran la terna, sino de un proceso que no asegura la legitimidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Constitución”, afirmó García Pérez. El diputado hizo hincapié en que la falta de consenso y transparencia en el proceso actual podría resultar en una terna compuesta por candidatos que no cumplan con los estándares requeridos.
“Si los tres candidatos no cumplen con las condiciones necesarias, entonces no estamos ante una verdadera opción, sino ante una simple candidatura que no debería ser presentada”, sostuvo. Este argumento subraya la necesidad de que todos los aspirantes sean evaluados de manera rigurosa y que el proceso de selección permita un debate abierto y fundamentado.
El diputado Eric Silva Hernández también intervino en la discusión, alarmando sobre las graves implicaciones que podría tener la designación del Fiscal Anticorrupción bajo el nuevo esquema. Según Silva, si el Ejecutivo estatal impone a este fiscal, se corre el riesgo de que actos de corrupción y malas prácticas queden sin investigar y sin justicia. “Estamos hablando de una posible compra de impunidad”, advirtió, resaltando que esto podría afectar la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
La preocupación de los legisladores de la 4T se centra en que la falta de independencia del fiscal podría perpetuar la corrupción y debilitar la capacidad del Estado para perseguir delitos. En este sentido, enfatizaron que la lucha contra la corrupción no solo requiere de buenas intenciones, sino de estructuras y procesos que realmente permitan la rendición de cuentas y la justicia.
El posicionamiento del Grupo Legislativo de Morena en Querétaro pone de manifiesto un debate crítico sobre la independencia del sistema judicial y la necesidad de procesos transparentes en la designación de figuras clave en la lucha contra la corrupción. Los diputados han expresado su intención de presentar una iniciativa de reforma que restablezca el procedimiento anterior a 2024, enfatizando la importancia de un proceso democrático y legítimo.
De esta manera, la discusión sobre la renovación del Fiscal Anticorrupción no solo refleja tensiones políticas, sino también una profunda preocupación por la calidad de la democracia y la justicia en el estado de Querétaro. La respuesta a esta problemática será crucial para definir el rumbo de la procuración de justicia y la lucha contra la corrupción en la entidad.
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