El diputado local Enrique Correa Sada presentó dos iniciativas para reformar el Código Penal y el Código Civil del estado de Querétaro, con el objetivo de evitar que los deudores alimentarios evadan el pago de pensiones al salir del país o establecerse en el extranjero.
Las propuestas buscan fortalecer los mecanismos legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Una de las iniciativas plantea modificar el artículo 211 del Código Penal, para aumentar hasta en una mitad las sanciones cuando un deudor abandone el país o cambie su residencia al extranjero con la finalidad de evadir el pago de la pensión alimenticia ordenada por un juez. Además, contempla castigos para quienes ayuden al deudor a ocultarse, declararse insolvente o evadir la acción de la justicia.
La segunda propuesta plantea reformas al Código Civil del estado, con el fin de que los jueces puedan dictar medidas preventivas cuando exista riesgo de que el deudor salga del país para evitar sus responsabilidades, como exigir garantías adicionales, solicitar el depósito anticipado de pensiones, crear fideicomisos o asegurar bienes.
Asimismo, se plantea activar mecanismos de cooperación jurídica nacional e internacional cuando el deudor se encuentre en el extranjero o se desconozca su paradero.
Durante la presentación también se escuchó el testimonio de Ángela Ramírez Suárez, quien impulsó la iniciativa al exponer su caso relacionado con el incumplimiento de pensión alimenticia, destacando la importancia de proteger los derechos de las y los menores.
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