Santiago de Querétaro, Qro., 16 de junio de 2025.- La diputada del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, presentó un detallado análisis jurídico sobre el Decreto enviado por el Gobierno del Estado...
Santiago de Querétaro, Qro., 16 de junio de 2025.- La diputada del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, presentó un detallado análisis jurídico sobre el Decreto enviado por el Gobierno del Estado para autorizar a la Comisión Estatal de Aguas (CEA) y al Poder Ejecutivo a desarrollar el proyecto “Sistema Batán” bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP).
La legisladora advirtió que la fracción legislativa que representa exige una revisión exhaustiva del documento, pues no pueden aprobarse decisiones que generen incertidumbre sobre el patrimonio de los queretanos, especialmente cuando se trata de montos millonarios.
Díaz Gayou señaló que la iniciativa de decreto funciona como un “cheque en blanco” para la CEA, ya que no se conocen con claridad los términos del contrato de APP, ni los detalles sobre la licitación o condiciones específicas, por lo que se pretende aprobar algo sin conocerlo plenamente.
Entre las principales observaciones del análisis, la diputada destacó que el decreto establece la creación de un sistema de regeneración y potabilización de agua con capacidad de hasta 1,800 litros por segundo (Lts/s). Sin embargo, permite que el sistema tenga una capacidad menor, lo cual consideró incorrecto, pues la capacidad debería ser de al menos 1,800 Lts/s.
Además, criticó que el decreto plantee aprobar primero el documento y después realizar el análisis de capacidad de pago, cuando legalmente corresponde a la Legislatura realizar esa evaluación antes de autorizar el proyecto.
Otro punto relevante es que el decreto autoriza un monto total de 41,400 millones de pesos, con actualización discrecional por parte de la CEA, lo que, según Díaz Gayou, invade la esfera legislativa y deja abierta la posibilidad de que los ingresos de toda la CEA sirvan como garantía de pago, afectando recursos sin limitarse solo a los ingresos generados por el proyecto.
También mencionó que el decreto contempla la creación de al menos dos fideicomisos para administrar los recursos y captar ingresos, priorizando el pago al desarrollador antes que a la propia CEA.
La diputada señaló que, ante una posible insuficiencia de ingresos, el Poder Ejecutivo podría constituirse como aval, dejando en garantía las participaciones federales presentes y futuras del estado durante la vigencia del contrato.
En cuanto a la capacidad financiera, el análisis externo señala que la CEA tendrá un gasto adicional de 543 millones de pesos en energía eléctrica para el Sistema Batán, costo que deberá cubrir la propia comisión, según el decreto.
Finalmente, Claudia Díaz expresó preocupación porque el decreto busca facultar a la CEA para modificar condiciones del contrato incluso después de aprobado, lo que, afirmó, corresponde exclusivamente a la Legislatura y no debe delegarse.
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