Denuncian fallas graves en la justicia familiar de Querétaro: Madres y activistas exigen protección para infancias

El pasado lunes, un grupo de madres de víctimas, activistas y abogadas se congregaron frente a la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro para manifestar su profundo descontento con el sistema de justicia familiar. La protesta fue motivada por las presuntas fallas en la impartición de justicia, que han puesto en riesgo la seguridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes en la entidad.
Las participantes de la manifestación, organizadas en su mayoría por la asociación Feminismo para Todas MX, expusieron una serie de casos alarmantes que reflejan una preocupante realidad en el sistema judicial. La vocera de la organización, Diana Arlette Chávez, declaró que han documentado al menos 30 casos de convivencias obligadas entre menores y sus presuntos agresores. Esta situación es especialmente grave cuando se considera que algunos de estos casos están relacionados con denuncias de abuso sexual.
Las manifestantes denunciaron que, a pesar de las pruebas y denuncias presentadas ante las autoridades, muchos menores continúan siendo forzados a convivir con aquellos que representan una amenaza para su integridad física y emocional. "Es inaceptable que el sistema ponga en riesgo a nuestros hijos", señaló Chávez, quien enfatizó la urgencia de una revisión exhaustiva del sistema de justicia familiar.
Aparte de los casos de convivencia forzada, las activistas también hicieron hincapié en la falta de capacitación del personal judicial. Según ellas, muchos de los funcionarios encargados de manejar estos casos carecen de la formación necesaria para abordar adecuadamente situaciones de violencia familiar y abuso. Esto, argumentan, contribuye a la revictimización de menores y a la perpetuación de ciclos de violencia.
Inadecuada atención a denuncias previas.
Falta de protocolos claros para el manejo de casos de abuso.
Desconocimiento sobre la psicología infantil en contextos de violencia.
Las activistas sostienen que esta falta de preparación se traduce en decisiones judiciales que no priorizan el bienestar de los niños, lo que a su vez genera un ambiente de desconfianza hacia las instituciones encargadas de proteger a la infancia.
La manifestación también se convirtió en un espacio para que las madres compartieran sus historias personales, muchas de las cuales son desgarradoras. Isabel, una de las madres presentes, relató cómo su hija ha sido obligada a convivir con su agresor, a pesar de que ella había presentado múltiples denuncias. “Cada vez que la entrego, siento que la estoy enviando a un lugar peligroso. ¿Dónde está la justicia?”, exclamó entre lágrimas.
El sentimiento de impotencia y desesperación se hizo palpable entre las asistentes, quienes clamaban por un cambio real en el sistema que, según ellas, está diseñado para proteger a los agresores en lugar de a las víctimas. “Necesitamos que se escuchen nuestras voces y que nuestras demandas sean atendidas con urgencia”, añadió otra madre, quien prefirió permanecer en el anonimato por miedo a represalias.
Las activistas y madres presentes en la manifestación no sólo pidieron a las autoridades una revisión del sistema de justicia familiar, sino que también exigieron la implementación de políticas que garanticen la protección de los menores involucrados en casos de violencia. Esto incluye la creación de protocolos claros y efectivos, así como la capacitación adecuada del personal judicial y de los servicios sociales.
La situación actual en Querétaro refleja un problema más amplio que enfrenta el país en términos de violencia de género y protección infantil. Por ello, las manifestantes han hecho un llamado a la sociedad civil para unir fuerzas en la lucha por la justicia y la protección de las infancias.
La protesta en Querétaro sirve como un recordatorio de la necesidad urgente de repensar y reformar el sistema de justicia familiar en México. Las voces de las madres y activistas son un llamado a la acción para que las autoridades escuchen y tomen medidas concretas que prioricen el bienestar de los niños y niñas, quienes son el futuro de la sociedad. La lucha por una justicia que realmente proteja a las infancias debe ser un esfuerzo colectivo, en el que cada uno de nosotros tenga un papel que desempeñar.
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