Defensa de Maru Campos Denuncia Persecución Política en el Caso Corral

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se encuentra en el ojo del huracán tras las acusaciones en su contra por presunto intento de secuestro, originadas por el exgobernador Javier Corral. Este viernes, sus abogados se presentaron en los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México para atender una audiencia relacionada con esta denuncia, en un contexto que la defensa califica de “hostigamiento político”.

Detalles del Caso y las Acusaciones

La comparecencia de los abogados de Campos responde a una carpeta de investigación en la que se imputan delitos graves como privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones. Sin embargo, la defensa sostiene que la fiscalía capitalina ya había decidido no ejercer acción penal en este caso el 27 de febrero, y que la reciente impugnación presentada por Corral busca revertir esa resolución.

La denuncia surgió tras un fallido operativo el 14 de agosto de 2024, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Javier Corral por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y defraudación fiscal, todos relacionados con su gestión entre 2016 y 2021. Este operativo se llevó a cabo en el restaurante Gin Gin, en la colonia Roma, donde se impidió la captura de Corral, argumentando que las autoridades chihuahuenses no notificaron adecuadamente a la Fiscalía capitalina sobre el despliegue.

Argumentos de la Defensa

Los abogados de la gobernadora, Roberto Gil Zuarth y Javier Coello Trejo, sostienen que la acusación carece de fundamento jurídico. “No se puede imputar a la gobernadora Maru Campos el delito de secuestro porque no dio ninguna orden, no estuvo presente y no existe comunicación alguna que la vincule”, afirmó Gil Zuarth. La defensa argumenta que la orden de aprehensión que se intentaba ejecutar en el operativo estaba formalmente autorizada y contaba con el conocimiento de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Además, los abogados de Campos señalaron que la situación actual no es un hecho aislado, sino parte de una “ofensiva morenista” contra su clienta. “No es casualidad que en la misma semana se cite a comparecer a la gobernadora por una carpeta federal, se presente una solicitud de juicio político en el Congreso y además se pretenda reabrir esta investigación”, acusó Gil Zuarth.

Trato Diferenciado y Justicia Selectiva

La defensa de Maru Campos también ha manifestado su preocupación por el trato diferenciado que considera recibir su clienta en comparación con la atención que se le da a Javier Corral, quien actualmente cuenta con fuero constitucional como senador. “La Fiscalía de Chihuahua sí sabe leer la Constitución y entiende perfectamente que no puede actuar penalmente contra una persona con fuero. Ese mismo respeto institucional es el que exigimos de las autoridades federales”, agregó Gil Zuarth.

El operativo del 14 de agosto fue liderado por Ulises Lara López, quien ha sido criticado por la defensa de Campos. Los abogados han acusado a la Fiscalía General de la República de ejercer una “justicia selectiva” y de proteger a ciertos actores políticos, lo que, en su opinión, afecta gravemente el proceso judicial. Javier Coello hizo una comparación entre el caso de Corral y la actuación de la fiscalía federal en relación a funcionarios de Sinaloa investigados en Estados Unidos, sugiriendo que existe un patrón en la manera en que la fiscalía maneja ciertos casos.

Conclusiones y Perspectivas Futuras

El caso de Maru Campos pone de manifiesto las tensiones políticas en México, donde las acusaciones de persecución política y el uso de la justicia como herramienta de ataque son temas recurrentes. A medida que avanza el proceso judicial, la defensa de la gobernadora continuará argumentando que las acciones en su contra carecen de sustento legal y que son parte de una estrategia más amplia de hostigamiento por parte de sus rivales políticos.

La audiencia y las acciones legales en curso son un punto crítico en este conflicto, que no solo afecta a la gobernadora Campos, sino que también tiene implicaciones más amplias para el sistema político y judicial en el país. La comunidad política y la opinión pública estarán atentas a los próximos movimientos en este caso, que sigue generando controversia y polarización en el panorama político mexicano.