arlamento abierto en Querétaro debate proyecto "El Batán, Agua para Todos"

Ayer lunes se realizó un parlamento abierto en el Congreso de Querétaro para analizar el decreto del proyecto “El Batán, Agua para Todos”. Este evento fue organizado por diputados y diputadas de Morena para discutir el plan hídrico que busca suministrar agua a la población durante los próximos 50 años.

La diputada Claudia Díaz Gayou advirtió que el decreto da un cheque en blanco a la empresa que operará el sistema hidráulico. Además, señaló once alertas legales y financieras, como la falta de claridad en las acciones público-privadas, la distribución de agua solo en la zona metropolitana y que la capacidad máxima sería de 1,800 litros por segundo, sin garantizar un mínimo.

El proyecto contempla un monto máximo de más de 41 mil millones de pesos, con posibilidad de incrementos, y sería financiado por la Comisión Estatal de Aguas a través de un fideicomiso, con el Poder Ejecutivo como aval. También se tendría que cubrir un gasto en electricidad de más de 500 millones de pesos.

El experto Yunny Meas Vong señaló que el decreto carece de especificaciones técnicas para el tratamiento del agua y alertó sobre la falta de regulación clara a nivel nacional. Propuso como alternativa intercambiar agua tratada por agua de pozos utilizada en la agricultura, lo que podría reducir costos.

La ambientalista y exdiputada María de Jesús Ibarra denunció falta de transparencia, pues no se le permitió acceso a los 45 anexos del decreto. Exhortó a la oposición a no aprobar el proyecto, ya que consideran que no garantiza el acceso adecuado al agua potable.

Por su parte, la ambientalista Pamela Siurob Carvajal señaló que la presa de El Batán está contaminada y cuestionó cómo se limpiará antes de usar el agua.

El doctor José Alberto Rodríguez Morales informó que en aguas residuales se han detectado contaminantes como levonorgestrel y amoxicilina, lo que requerirá tratamientos específicos para evitar riesgos sanitarios.

Finalmente, algunos asistentes propusieron realizar pruebas piloto del agua antes de implementar el sistema y que los funcionarios, incluido el gobernador, consuman el agua tratada para dar confianza a la población.