La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) se quejó de que con la iniciativa presidencial en materia de telecomunicaciones a la radio y televisión abiertas se le pretende “cargar todas las pulgas” con una excesiva regulación”Debemos ir más por la autorregulación que cualquier regulación que pueda caer en la censura”, advirtió su presidente, José Antonio García Herrera.
El directivo participó este día en la última etapa del conversatorio que organizó el Senado de la República para analizar la iniciativa.
Según dijo, con la propuesta asoma “un retroceso” que a nadie conviene.
“Hay cualquier regulación a la radio y televisión abiertas, todo lo demás, no está regulado. Al perro más flaco que se le carguen todas las pulgas: vamos a regular más a la radio y televisión”, ironizó.
“Estamos teniendo un retroceso: debemos ser cuidadosos porque la libertad de expresión es un elemento fundamental en cualquier democracia y con una sobrerregulación de los contenidos de los medios atentamos en contra de la libertad de expresión y de la democracia”.
García Herrera cuestionó también que la iniciativa pretenda diferenciar “entre opinión e información“, un factor que, previno, atentaría contra la libertad de expresión.
“Esta regulación se burla de las audiencias porque resulta tan paternalista que hay que cuidarla para que escuchen lo que quieren o no escuchar, pero el primer derecho de las audiencias es la pluralidad de los medios”, aclaró.
Katia D’ Artigues, presidenta de Comunicación para la Inclusión, consideró que es necesario eliminar las barreras de acceso a las 23 millones de personas con discapacidad que hay en México.
“Una ley les afecta de manera directa directa si es exclusión”, observó.
En ese sentido, la periodista propuso incorporar de manera obligatoria a los contenidos no sólo subtítulos, sino interpretación de lenguajes de señas. “La comunidad sorda merece tener opciones”, argumentó.
Después de sugerir que a la Procuraduría Federal del Consumidor se le dote de “más dientes”, D’ Artigues dijo que los senadores “tienen una oportunidad histórica de garantizar derechos a las personas con discapacidad”.