Los integrantes de la bancada de Acción Nacional presentarán amparos en contra de la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Judicial, por considerar que fue un procedimiento improvisado y sin contar con un marco normativo que lo regulara, informó la coordinadora Guadalupe Murguía Gutiérrez.
“Se rompe el principio fundamental de todo proceso electoral que está contenido en el 105 constitucional, en donde para antes de que se inicie el proceso electoral, 90 días antes, no pueden hacerse modificaciones a las leyes, no pueden emitirse leyes”, sostuvo.
En conferencia de prensa, acompañada por senadores y senadoras del PAN, acusó que la “tómbola judicial” no brinda certeza jurídica a los juzgadores y lamentó que “el espectáculo que vimos el sábado se convirtió en una verdadera kermés de rifa de bolitas”.
Por su parte, el vicecoordinador del GPPAN, Enrique Vargas del Villar, reiteró que México necesita una reforma judicial a la altura del país, pero lo que sucedió el sábado no es bueno para nadie.
“Nosotros fuimos muy claros que no vamos a avalar nada de esta reforma judicial y por eso no estuvimos el día sábado, no les dimos el quórum, y lo que México desde el sábado le está reclamando a Morena es esa tómbola, que quede bien claro para la historia de México, esta tómbola va a quedar para la historia en contra de México, en contra de sentencias, de jueces que se han preparado por muchos años, que salieron en esa tómbola, no es justo para ellos. La carrera judicial acabó por una tómbola de Morena y sus aliados”, apuntó.
En su turno, el senador Gustavo Sánchez Vásquez indicó que los mexicanos y mexicanas deben saber que todo este procedimiento de selección es una tomada de pelo, pues no es cierto que van a poder seleccionar a sus jueces.
Al hacer uso de la palabra, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón reiteró que la “tómbola judicial” es circo, maroma y teatro, y reafirmó el compromiso de Acción Nacional con la impartición de justicia en este país.
Finalmente, la coordinadora Murguía Gutiérrez expresó la solidaridad de la bancada con los cerca de 800 trabajadores, jueces, y magistrados del Poder Judicial que por este trámite legislativo improvisado hayan perdido su trabajo sin justificación y sin que se tomara en cuenta su capacidad, perfil, formación ni su trayectoria.