Empresas de la industria manufacturera y automotriz demandaron a las autoridades mexicanas revisar y en su caso, ajustar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC para evitar que sigan en ascenso las afectaciones y costos a las empresas.
Empresas de la industria manufacturera y automotriz demandaron a las autoridades mexicanas revisar y en su caso, ajustar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) del T-MEC para evitar que sigan en ascenso las afectaciones y costos a las empresas.
Si bien el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida nació como una herramienta clave para resolver disputas laborales y asegurar el cumplimiento de derechos laborales fundamentales en los países miembros del T-MEC, en los últimos meses se han incrementado las revisiones y generado costos significativos a las empresas.
Firmas como Impro Industries -dedicada a la fabricación de fundición y maquinado de alta precisión- y la manufacturera de municiones Águila -empresa de cartuchos y seguridad-, han sido impactadas por estos procesos.
Es importante destacar que la aplicación del Mecanismo Laboral no debe ser interpretada como un ataque personal contra ninguna empresa específica”, pugnaron las empresas.
Con miras a la revisión del T-MEC prevista para el 2026 y sumado a contar nuevas administraciones tanto en México como en Estados Unidos, “habrá una oportunidad para revisar y potencialmente ajustar los procedimientos del Mecanismo. Es crucial que se mantenga el respeto a los principios de debido proceso y presunción de inocencia, para asegurar la estabilidad y equidad en el comercio internacional y para el beneficio de todas las partes involucradas”, pidieron.
Los procedimientos del Mecanismo Laboral son una parte habitual del marco legal del T-MEC y están diseñados para garantizar que los derechos laborales se respeten de manera justa y equitativa, comentaron.
No obstante, en los últimos meses, ha habido un notable aumento en el número de quejas presentadas bajo este mecanismo. En lo que va de este año, se han admitido siete nuevas quejas, sumándose a las 18 registradas entre 2021 y 2023.
Este incremento en el volumen de quejas, algunas de las cuales han sido aceptadas sin una revisión exhaustiva, ha generado costos significativos para las empresas involucradas y ha llevado a la imposición de sanciones arancelarias”, explicaron.
creditos: el economista