El juez argumentó que “por irregularidades en su detención” debía ser liberado de inmediato
La vergonzosa liberación de Antonio Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, echó por tierra uno de los muy pocos golpes importantes que había dado el gobierno del presidente López Obrador en el combate al narcotráfico, al haber logrado detener al hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, que es el criminal más buscado por el gobierno de Estados Unidos en todo el mundo.
Porque es de pena ajena que, cuando el gobierno pretendía responder a las presiones de la Casa Blanca –por la “insuficiente cooperación en el combate al fentanilo” que acusan desde Washington– el informe policial de la detención que presentó la Fiscalía General de la República, que dirige el Fiscal Alejandro Gertz Manero, para pedir la prisión preventiva oficiosa, haya dado pie a que un juez federal ordenara su liberación por “falta de elementos”, al mostrar la defensa un video que contradecía la narrativa de Ministerio Público que decía que la detención de “Don Rodo” se había realizado “en flagrancia” cuando integrantes de la Guardia Nacional que patrullaban por las calles de Autlán de Navarro, Jalisco, se encontraron con tres hombres armados que los amagaron y luego corrieron y se metieron a una casa, a la que los guardias entraron a perseguirlos y ahí detuvieron al hermano del “Mencho”.
En el video en cuestión, que fue presentado como prueba por la defensa del presunto narcotraficante, se aprecia cuando llega la camioneta de la Guardia Nacional a una calle de una glorieta con acceso controlado y no se ve a ningunos hombres armados que los amaguen, pero lo que sí se aprecia es el momento en el que el comando de guardias armados fuerza la entrada de la casa de “Don Rodo” e ingresa sin orden de cateo a detenerlo y esposarlo. Esa fue la prueba que el Juez Federal del Penal del Altiplano, Rogelio León Díaz Villarreal, valoró para cambiar su declaración inicial de una detención ilegal y argumentar que “por irregularidades en su detención” el señor Oseguera Cervantes debía ser liberado de inmediato.
De nada valió que el presidente López Obrador calificara desde el martes pasado el asunto de la captura de “Don Rodo” como “un asunto de Estado” y le pidiera al juez Díaz Villarreal que concediera más tiempo para que el Ministerio Público Federal presentara más pruebas y evidencia que mostraban inconsistencias y ediciones en el video de la defensa que el juzgador había valorado y validado como algo real, cuando según el gobierno federal se trataba de un video truqueado, con cortes y que no tenía un código de autenticidad, según peritos que presentó la Secretaría de la Defensa Nacional.
La reacción de la FGR y del gabinete de seguridad de López Obrador al enterarse, sorpresivamente de la liberación de “Don Rodo”, ocurrida la madrugada del martes, fue más que furibunda en contra del juez Rogelio León, a quien acusaron de haber dado por real la prueba de los abogados defensores, sin haber escuchado los argumentos y peritajes de la Fiscalía y de las dependencias federales para demostrar que se trataba de un video falso y editado. Fue de tal tamaño la reacción desde Palacio Nacional, que la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, acusó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de haber “validado la liberación” de Antonio Oseguera Cervantes, aun cuando a los ministros se les había pedido retrasar la salida del presunto narcotraficante, para que se demostrara la invalidez de las pruebas de la defensa.
Incluso Rosa Icela y el presidente hablaron de “un daño grave a la imagen de las instituciones mexicanas” por la decisión del juez de liberar a “Don Rodo”, quien es catalogado por la Defensa como “un operador importante de la logística y la generación de violencia” en la organización criminal que dirige su hermano. Se pone a las instituciones mexicanas en rídiculo internacional, acusaron desde Palacio Nacional, tal y como ocurrió en el caso de la liberación de Rafael Caro Quintero, cuya salida del penal de Puente Grande, ocurrida en agosto de 2013, durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto. Es decir, que al comparar los dos casos de capos liberados por fallos judiciales, en la administración de López Obrador se refirieron a las fuertes fricciones y reclamos que le hizo Estados Unidos a México cuando se dejó libre a Caro Quintero, algo que se entiende, podía ocurrir con el caso del hermano del “Mencho”.
La propia Fiscalía de Gertz Manero anunció que impugnará el fallo del juez Díaz de León al acusar que no le dio tiempo suficiente al MP para poder analizar y mostrar las ediciones y cortes que presentaba el video que cuestionaba el informe policiaco de la detención presentado por las autoridades. Y aunque la Fiscalía está en su derecho de impugnar el fallo judicial y tendría la oportunidad de demostrar que el juez Rogelio León Díaz se equivocó al dictar esa liberación, este caso sin duda se contaminó también de la feroz guerra política que sostienen el gobierno de López Obrador y el Poder Judicial de la Federación.
Y de paso, en el cierre de su sexenio y cuando está más ocupado de meterse a las campañas presidenciales y empujar el triunfo de su candidata Claudia Sheinbaum, al presidente López Obrador se le abre un nuevo frente con los Estados Unidos, desde donde han estado presionando, con comunicados y declaraciones de funcionarios de alto nivel ante su Congreso, porque acusan que “México sí coopera en el tema de la emergencia por el fentanilo en el territorio estadunidense, pero no hace lo suficiente y su participación en esta lucha podría incrementarse”.
creditos: el universal Salvador García Soto